A la cárcel tres policías, por 'chuzadas' a Marelbys Meza
Uniformados de la (Sijín) fueron imputados por delito de interceptar ilegalmente las comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, y varios cercanos de ella.
Una jueza de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento intramural en contra de tres integrantes de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, quienes estarían involucrados a las interceptaciones ilegales hechas a Marelbys Meza: exniñera de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia.
La Fiscalía les imputó cargos a Jhon Fredi Morales Cárdenas, Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Carlos Andrés Loaiza Correa; por presuntamente haber mentido y alterado informes para que la Fiscalía ordenase la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.
En el proceso está vinculada la patrullera de la Policía, Dana Alejandra Canizales. Inicialmente, la jueza le impuso la misma medida de aseguramiento, pero su defensor presentó un recurso de reposición que la jueza resolvió a su favor, por lo que se ordenó la medida no privativa de la libertad.
La Fiscalía les imputó a Fredy Gómez y Rafael Santos el delito de fraude procesal, pero ninguno de los dos aceptó. A renglón seguido, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, sustentando que es una decisión urgente, necesaria y que cumple fines constitucionales.
Sin embargo, los cinco uniformados y el civil continuaran siendo investigados mientras se define si la Fiscalía los acusará formalmente o precluirá la investigación a su favor. El abogado Iván Cancino, defensor de Marelbys Meza, compartió en su cuenta de X, que no celebra la cárcel otorgada de manera preventiva a sus contrapartes, pero "queremos llegar hasta las últimas consecuencias ante este vil abuso delictivo sobre Marelbys", concluyó.
Asimismo, La fiscalía general de la Nación reveló que se investiga una presunta red de tráfico de ‘fuentes humanas’ que estaría operando en la institución.
