Acciones del Gobierno tras declarar emergencia carcelaria
La medida, anunciada este lunes por el Ministro del Justicia, se da tras la ola de violencia contra funcionarios del Inpec. Se ordenó refuerzo policial en todos los centros de detención.
Ante la ola de violencia registrada en las últimas semanas en contra de los funcionarios del Inpec, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró en la mañana de este lunes 12 de febrero la emergencia carcelaria en todo el país. Pues la medida fue solicitada “con urgencia” luego de que se confirmara el asesinato del guardia de seguridad Jesús Cárdenas, quien fue ultimado saliendo de la Cárcel de Cartagena.
Cabe mencionar que, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, anunció este sábado 10 de febrero la declaración de emergencia carcelaria en el país, en respuesta a una serie de ataques registrados en varios centros de reclusión, culminando en el trágico asesinato de un guardián en la cárcel de Cartagena.
Por lo tanto, la decisión fue tomada tras una una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, en la cual participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata; entre otros funcionarios.
Esta emergencia carcelaria le permitirá al Gobierno la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos.
Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.
El Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana.