Corte Constitucional derriba “Emergencia económica” de Petro en la Guajira

El alto tribunal, en su Sala Plena, derrocó el decreto de emergencia social, económica y ecológica en La Guajira que expidió el presidente Gustavo Petro el pasado 2 de julio. La Corte Constitucional, consideró ilegal que el mandatario tomara decisiones sin consultar al Congreso, evadiendo así cualquier tipo de control.

Este lunes, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio por el presidente Gustavo Petro, por medio del cual se estableció el Estado de Emergencia Económica, Social y Económico en el departamento de La Guajira.

Sin embargo, el alto tribunal -en su decisión- emitió un efecto suspendido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. Por lo tanto, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad.

Frente a esta situación, la Corte Constitucional le pidió al Gobierno y al Congreso “adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, las cuales ya fueron de presentes en la sentencia T-302 de 2017.

En este sentido, el alto tribunal pidió que se cumpla con lo señalado en ese momento y se garantice de forma rápida y efectiva los derechos fundamentales de la comunidad de La Guajira. Igualmente, se deben tomar medidas dirigidas a fortalecer las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y les asignen los respectivos recursos en las circunstancias que los demanden.

Tras derrotar la ponencia que pedía declarar exequible el decreto y, en un hecho que muy pocas veces se ha visto, los magistrados Diana Fajardo y José Fernando redactaron un nuevo documento conjunto con las posiciones que se presentaron en el arduo debate el cual estuvo marcado por el uso de la figura de “estado de emergencia”, la preocupación por la concentración de poderes en la Rama Ejecutiva y el hecho que hace seis años ya se había emitido una sentencia para solucionar la grave crisis en el departamento.

Por su parte la Procuraduría, también hizo un fuerte llamado al indicar que el Gobierno estaría “instrumentalizando” la crisis en el departamento de La Guajira “para obtener facultades legislativas excepcionales”, hecho por el cual le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto.

La jefa del Ministerio Público consideró que, lastimosamente, los hechos que se presentan en La Guajira no son nuevos, hecho por el cual se han emitido varias decisiones. “La crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales”.

Por esto, considera que darle facultades extraordinarias al Jefe de Estado no soluciona en nada la situación. En el concepto se fue más allá y se catalogó de “inadmisible” la posición del primer mandatario, adquiriendo facultades para tomar decisiones sin consultar al Congreso, evadiendo así cualquier tipo de control.